Gobierno argentino presenta denuncia penal contra funcionarios estatales y director general de grupo mediático

BUENOS AIRES

El gobierno de Argentina presentó una denuncia penal el miércoles contra funcionarios públicos y el director ejecutivo de un grupo de medios que, según se informa, se reunió en octubre en la residencia de un magnate británico para discutir los procedimientos legales contra el vicepresidente del país.

La querella penal está dirigida contra jueces, fiscales, funcionarios y el director general del grupo de medios Clarín, Jorge Rendo, a quienes se les acusa de incumplimiento de sus funciones y recepción de dádivas ilícitas.

El ministro de Justicia, Martín Soria, presentó la denuncia ante la Fiscalía Federal de Bariloche por instrucciones del presidente Alberto Fernández.

Según los informes, las partes acusadas se reunieron en la casa de Lago Escondido del magnate empresarial británico Joe Lewis.

Según información filtrada en redes sociales, las reuniones se referían a procesos judiciales contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien el martes fue condenada por un tribunal a seis años de prisión e inhabilitada para ejercer un cargo público tras ser declarada culpable de cargos de corrupción.

“Los hechos a investigar ocurrieron durante la semana del 13 de octubre, cuando los imputados compartían un vuelo en un avión privado desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro) con financiamiento desconocido”.

Se alega que después del vuelo, a la delegación se unieron el presidente ejecutivo del Grupo Clarín, un poderoso conglomerado de medios, y otros antes de dirigirse a la casa de Lewis.

Dijo que si particulares hubieran pagado por su traslado, alojamiento y otras actividades, constituiría un delito bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

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El gobierno también ha pedido a los acusados ​​que entreguen sus teléfonos móviles.

Aunque a Fernandes De Kirchner se le prohibió ocupar un cargo público, como jefa del Senado y legisladora, está protegida de ser procesada.

Manteniendo su inocencia, ha alegado que sus opositores políticos la han atacado, describiendo el caso en su contra como «lawfare».

Tras su sentencia, Fernandes de Kirchner insistió en una transmisión en vivo en su canal de YouTube que sus opositores la quieren «en la cárcel o muerta».


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