El ejército marchó en el llamado sector pasivo, sin destino específico, el viernes en diferentes regiones de Bolivia, con el fin de negarse a ‘Prueba criminal’ En cuanto al arresto domiciliario del general Alfredo Coyard, quien fue investigado por muertes de civiles durante la crisis social que vivió el país en 2019.
Decenas de militares del sector pasivo, es decir, ya o en proceso de retiro, marcharon por ciudades como La Paz., Sede del gobierno boliviano, y Santa Cruz, la más grande del país, y con historia, portan banderas bolivianas y camisas blancas.
Marchas en diversas regiones se abrieron paso por el centro de cada ciudad para realizar posteriormente una declaración, en la que desestimaron una decisión de un juzgado de la ciudad boliviana de Sacaba que había determinado la concesión de arresto domiciliario a un general de las fuerzas armadas.
El general, quien en 2019 se desempeñó como Comandante del Condado de Cochabamba en el Comando de Operaciones Estratégicas del Ejército, ahora está bajo investigación por la muerte de 10 civiles por disparos en una operación militar y policial hace un año en Sakapa.
Rechazamos categóricamente la persecución penal que persigue el Ministerio Público por el derecho del personal militar al servicio activo con el objetivo de desmoralizarlo, insultarlo y cambiar el liderazgo de la cúpula militar. Dijo Jorge Santesteban, integrante del sector pasivo en Santa Cruz.
Santesteban recordó que el general Alfredo Coyard. Está «subordinado al mando natural» y «un insulto a los componentes de las fuerzas armadas, porque trata de debilitar la justicia militar y la moral de los militares».
Buscar justicia militar
Asimismo, el general retirado Gary Prado dijo que «hay que respetar las instituciones y aplicar la justicia militar».
«Este es el primer paso que está dando el nuevo gobierno. Lo que quiere hacer es intimidar a todos los bolivianos para que nadie se anime a protestar». Prado, de quien se sabe que arrestó al guerrillero Ernesto «Che» Guevara en Bolivia en 1967 y que fue juzgado en el gobierno de Evo Morales en un supuesto caso de terrorismo que fue cerrado este año con absolución, dijo.
Asimismo, en La Paz, el ejército llegó a las puertas del Ministerio de Defensa, exigiendo el fin de la persecución de compañeros, y en una fecha se manifestaron para respetar el marco institucional y hacer uso del poder judicial militar.
Un juez de Sacapa, el jueves, fijó el arresto domiciliario de este general investigador, sin derecho al trabajo, Araigo y una fianza de unos 36.000 dólares.
Tras esta decisión, los familiares de los fallecidos que habían estado realizando vigilias fuera del juzgado mostraron su negativa y estallaron disturbios con familiares del ejército.
El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, hubo un operativo de las Fuerzas Conjuntas de Seguridad en el que resultaron muertas al menos diez personas, quienes formaban parte de una manifestación contra el gobierno de la entonces presidenta de transición boliviana, Janine Anez.
Las Fuerzas Armadas advirtieron esta semana que el establecimiento estaba «confundido» por la detención del soldado que «solo cumplía órdenes».
(Con información de EFE)
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